Este artículo está escrito por Clara Luz Álvarez, aquí encuentras el resumen; más el texto completo está publicado en la Revista Razón y Palabra:
http://www.razonypalabra.org.mx/telecom/2008/ene29.htm
La reforma electoral de 2007 está evidenciando que la tecnología avanza sin que seamos conscientes de ello.
La comunicación social de los poderes públicos se limita a la radio y la televisión, ignorando que hoy día las páginas de Internet, los mensajes de texto (SMS), los blogs , etc., son también medios de comunicación social.
Las adiciones al artículo 134 constitucional, en esencia, establecieron que la propaganda “bajo cualquier modalidad de comunicación social” que difundan los poderes públicos y demás autoridades debe “tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social”, y se prohibió que se incluyan “nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.
Las páginas de Internet, ¿son modalidades de comunicación social? Algunos consideran que no, como algunos senadores panistas que argumentaron que como Internet no está regulado (Excelsior).
Sin embargo, se está perdiendo de vista cuál fue la racionalidad para esta prohibición constitucional: evitar que recursos públicos se destinen a la promoción personas específicas que sean servidores públicos. Por ejemplo, esas fotos o videos del gobernador inaugurando un nuevo puente que se construyó porque es obligación del gobierno y con recursos públicos, no podrá ser motivo de propaganda, independientemente de si es en la televisión o en la página del gobierno del Estado.
La experiencia comparada muestra que el Internet está dentro de los medios de comunicación social que deben fiscalizarse cuando utilizan recursos públicos. Los Poderes Legislativos federal y estatales tienen una tarea pendiente: legislar para garantizar el cumplimiento con la prohibición constitucional. Sería erróneo excluir a las nuevas tecnologías como medios de comunicación oficial, como también lo sería coartar el flujo de información entre gobernantes y gobernados.
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